Cuando Álvaro Uribe era candidato a la Presidencia en 2002, consignó entre los 100 puntos de su Manifiesto democratico la ruta que debía seguir la política de educación de su gobierno.
“El país necesita una revolución educativa que avance hacia la cobertura universal, la buena calidad y acceso democrático”, decía en el punto 46 de aquel documento.
La tarea fue asumida por el Ministerio de Educación, que durante los ocho años del gobierno Uribe estuvo dirigido por la ministra Cecilia María Vélez, lo que permitió una continuidad en las políticas. Este ministerio terminó el pasado gobierno tal vez como el que mejores resultados arrojó en los últimos ocho años. Su balance, según los datos oficiales, resulta positivo.
En resumidas cuentas, dice que gracias a la gestión del último gobierno, todos los niños tienen cupos en colegios y escuelas y que la educación superior está en más regiones que hace ocho años. Además, presentan como logro la sintonía que consiguió el Sena con las universidades y las empresas para educar a los jóvenes en las tecnologías y técnicas que necesita el mercado.
La ministra que Santos nombró en esta cartera es María Fernanda Campo, una ingeniera industrial experta en finanzas que viene de presidir la Cámara de Comercio de Bogotá durante diez años. Su reto ahora será fortalecer los logros de cobertura y calidad que dejó la ex ministra Vélez, una funcionaria que, sin duda, hizo una gestión memorable.
Pero Campo debe tener presente también que los balances que recibe tienen aún mucho por mejorar y que no todos los resultados obedecen a la gestión del Ministerio, sino que se afectan, bien o mal, por factores externos. Sobre los mismos resultados que presentó el Ministerio, expertos encontraron que la ampliación de la cobertura para niños se dio, en buena parte, gracias a que en el país hay menos población entre 5 y 10 años. Es decir, se destinó más dinero para atender a menos población. Además, dicen los análisis, aún no hay criterios establecidos para evaluar la calidad.
Sobre la educación superior, analistas encontraron que si bien se crearon sedes de universidades en sitios remotos, éstas no tuvieron tanto protagonismo en las estadísticas de cobertura. Los balances nacionales estuvieron muy ligados a la cantidad de matrículas abiertas y canceladas en Bogotá. Además, el crecimiento no fue igual en todos los departamentos, sino que fueron unos cuantos los que tuvieron incremento sostenido. Es decir, entre la capital y unos cuantos departamentos jalonaron el comportamiento de las cifras nacionales.
Respecto al Sena, el sindicato de esa institución insiste en que los programas que allí se están ofreciendo no tienen la suficiente calidad para calificarlos como educación superior.
Educación básica y media
De acuerdo con Mónica López, viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, “el sector educativo cuenta hoy con la capacidad de atender a todos los colombianos con edades de 5 a 16 años”. Los resultados dicen que mientras en 2002 hubo 414.000 bachilleres, en 2009 fueron 691.000 los jóvenes que se graduaron del colegio.
Según López, este logro se dio gracias a que los dineros de las transferencias para la educación ascendieron en 26 por ciento en los últimos ocho años. Hoy, los recursos disponibles para ampliar los cupos de niños y adolescentes ascienden a 13,6 billones de pesos.
“Para enfrentar las barreras de ingreso al colegio determinadas por la pobreza, financiamos los costos educativos de los estudiantes de niveles 1 y 2 del Sisbén”, dijo la viceministra en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación.
Su balance dice que actualmente se invierten 196.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones para que 5’300.000 alumnos del sector oficial estudien sin pagar. Esto, de acuerdo con López, es equivalente a decir que el 70 por ciento de los jóvenes que asisten a los colegios públicos recibe educación gratuita.
Con base en las mismas cifras que presenta el Ministerio, un estudio publicado por la organización ‘Educación, compromiso de todos’ y dirigido por el experto Luis Jaime Piñeros, reconoce algunos avances, pero también señala puntos críticos de la política de educación del gobierno Uribe.
Respecto a la educación pública, el estudio de Piñeros dice que la cantidad de matrículas tuvo un crecimiento notorio entre el 2002 y el 2005, cuando se tuvieron 700.000 cupos nuevos para cursos de básica y media. Pero después, entre el 2005 y el 2009, el crecimiento no fue tan grande, porque los cupos nuevos fueron 200.000.
Justo en el periodo en que más aumentó la cantidad de matrículas en el sector público, cayó la de las instituciones privadas. “La matrícula privada, por su parte, muestra una caída de 315.000 cupos entre el 2002 y el 2009, equivalente al 14 por ciento. Esta caída, sin embargo, se concentra en su totalidad en la primera mitad del periodo, puesto que su crecimiento entre el 2005 y el 2009 es prácticamente nulo”, dice el balance de ‘Educación, compromiso de todos’.
Aquella veeduría encontró que el número de cupos que se incrementaron en la educación pública es muy similar al que se disminuyó en el sector privado, que fue de 350.000 matrículas.
Crece la cobertura y baja la población
El estudio de Piñeros también estableció que en el nivel de transición, que es el que cursan los más pequeños que están ingresando al sistema educativo, se incrementó el porcentaje de cobertura. Pero, al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de la población colombiana en la edad de 5 años. El aumento de “la cobertura neta entre 2003 y 2008 (fue) cercano a 9 puntos porcentuales, al pasar del 54 por ciento al 64 por ciento, cuando la matrícula tan solo sube en 13.000 cupos, que representan el 1,6 por ciento del total en el 2002. Esto se debe a la disminución de la población de 5 años en casi 35.000 habitantes, que equivalen al 3,9 por ciento”, se lee en el documento.
Algo similar ocurrió en la cobertura en primaria. “Al finalizar el periodo, la cobertura neta llega al 90 por ciento, lo que significó un incremento de 2 puntos porcentuales. Si bien la matrícula de primaria crece tan solo el 0,6 por ciento entre el 2003 y el 2008, la caída de la población entre 6 y 10 años de edad en 140.000 habitantes (3 por ciento) hace posible dicho avance”, dice el análisis hecho por la organización ‘Educación, compromiso de todos’.
“En secundaria, el crecimiento de la matrícula, casi nueve veces superior al de la población, hace que la cobertura neta se eleve en más de diez puntos porcentuales, hecho que significa el avance más importante entre todos los niveles educativos”, dice la veeduría. Es decir, para secundaria, hay más cupos que población, tal y como lo dijo la viceministra Mónica López en la rendición de cuentas.
Finalmente, en los últimos grados del bachillerato (hoy denominados educación media), el estudio dice: “mientras que la población de 15 y 16 años crece 6 por ciento (98.000 habitantes), un incremento de la matrícula de 250.000 cupos (24 por ciento) se traduce en un aumento de la cobertura neta de 8 puntos porcentuales, al pasar del 30 por ciento al 38 por ciento”.
Calidad: aún no hay cómo medirla
Para mejorar la calidad de la educación, Uribe había propuesto en su Manifiesto Democrático capacitar a los profesores en matemáticas, ciencias básicas, español, inglés e historia.
La viceministra López, en su balance, dijo que “con recursos del Ministerio y a través de las universidades, se han formado, del 2004 al 2010, 28.011 maestros en competencias comunicativas, 25.926 en competencias científicas, 11.617 en competencias matemáticas y 4.669 de competencias ciudadanas”.
Para evaluar si en efecto los estudiantes están mejorando sus conocimientos, el Icfes diseñó las pruebas Saber, que se les aplicaron a los muchachos de quinto y noveno grado en 2002, 2005 y 2009.
Pero lo que encontró el estudio hecho por ‘Educación, compromiso de todos’ es que “los resultados en materia de calidad de la educación no permiten, por el momento, hacer un acercamiento a su evolución”.
El argumento es que esos tres ejercicios de evaluación fueron “producto de un proceso de aprendizaje en aspectos técnicos, operativos y metodológicos que significaron limitaciones en términos de comparabilidad y uso de los resultados”, según la veeduría. Es decir, los resultados del 2002 y el 2005 no se pueden comparar con los del 2009 para ver si hubo mejorías entre una y otra prueba.
Sin embargo, en el estudio aparece una interpretación de los resultados de las pruebas Saber del 2009. “En quinto se hace evidente que los establecimientos educativos oficiales concentran una mayor proporción de la población en el nivel insuficiente, siendo matemáticas el caso más alarmante”, dice.
En este grado, de acuerdo con el balance de ‘Educación, compromiso de todos’, dos de cada cinco estudiantes no logran ni siquiera el nivel básico de competencias. Y la situación se agrava en las zonas rurales, “donde uno de cada dos estudiantes del sector público se sitúa en el nivel insuficiente”.
En el grado noveno, las cosas no cambian mucho, según las estadísticas analizadas por Piñeros. “Si bien el porcentaje de estudiantes del sector oficial que se sitúa en el nivel insuficiente se reduce con respecto a quinto, sus niveles siguen siendo altos y muy superiores a los del sector privado”, fue su hallazgo.
Educación superior
El balance que presentó el Gobierno sobre educación superior dice que de una cobertura del 24,4 por ciento en el 2002, se pasó al 35,5 por ciento en el 2009. Al finalizar la Presidencia de Uribe había 570.000 estudiantes más que cuando se inició su mandato.
Según reportó Gabriel Burgos, viceministro de Educación Superior, esa ampliación de la cobertura se dio, básicamente, gracias a tres factores. El primero fue la ampliación de los cupos en educación técnica y tecnológica. En el 2009, de cada 100 matrículas, 35 eran para cursar alguna de éstas.
El segundo fue la creación de programas de educación virtual, que ya son 147 y que permiten que la gente estudie sin tener que desplazarse hasta las aulas de clase.
Y el tercero, la creación de 164 Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), que se conformaron mediante alianzas entre instituciones privadas, empresas y entidades territoriales. La idea era darles educación técnica, tecnológica y profesional a los muchachos que salían de escuelas y colegios rurales. Actualmente hay 28.000 estudiantes cursando alguno de los 748 programas que se están ofreciendo. “Con esto, hoy la oferta llega al 62 por ciento de los municipios, cuando en el 2003 se concentraba en el 23 por ciento”, señaló Burgos.
Sin embargo, ante estos buenos resultados que presentó el viceministro, vale aclarar que ese crecimiento no fue homogéneo en todo el país. Algunos departamentos sí tuvieron un crecimiento constante en las matrículas para educación superior entre el 2003 y el 2008. Éstos son Bolívar, Quindío, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Risaralda. Pero en la mayoría de departamentos, se presentaron bajones en la cobertura, generalmente entre el 2005 y el 2006.
La tendencia nacional obedece mucho a lo que ocurra con la cobertura en Bogotá. Es decir, cuando son menos los estudiantes matriculados en esta ciudad, ocurre no mismo con la proporción en el resto del país, y viceversa. La lectura que los expertos hacen sobre este fenómeno es que la cobertura en educación superior sigue estando muy ligada a lo que ocurra en la capital y que ésta, junto con los departamentos que tuvieron un crecimiento constante a lo largo de los últimos años, jalonó los resultados nacionales.
Respecto a la ampliación de programas técnicos y tecnológicos que presentó el Gobierno como avances de su gestión, se puede decir que las mismas cifras oficiales dan cuenta de que la cantidad de graduados en programas técnicos creció en 19,1 por ciento entre el 2001 y el 2008. Tal vez sí tuvo un resultado plausible. Sin embargo, los egresados de programas tecnológicos no tuvieron mayor crecimiento. Apenas fue del 0,2 por ciento.
Y el aumento de la cantidad de egresados universitarios tampoco fue muy grande, pues alcanzó el 1,8 por ciento en el mismo lapso.
En cambio, las cantidades de quienes terminaron programas de educación más avanzados sí tuvieron notorios incrementos. Los que terminaron especializaciones se incrementaron en 3,1 por ciento; los de maestrías, 8,1 por ciento, y los de doctorado, 20,4 por ciento.
El reto que le espera al gobierno de Santos no es solamente incrementar el número de matrículas, sino hacer que los estudiantes permanezcan y se gradúen.
El Sena, ¿como las universidades?
Los balances oficiales del Sena dicen que durante la era Uribe se incrementaron los ingresos de la institución, que provienen principalmente de los parafiscales que aportan las empresas por cada empleado. Mientras en el 2002 los dineros que ingresaron a este instituto sumaron un poco más de 548 millones de pesos, en el 2009 fueron de casi 1.300 millones de pesos.
En su función de brindar capacitación para que las personas con menos posibilidades de estudiar puedan aprender sobre algún oficio, el Sena pasó de formar 52.550 técnicos y tecnólogos en el 2002 a 307.060 en el 2009. “Esto muestra un crecimiento del 82,88 por ciento en la capacidad de oferta para este rango”, dice el informe del Sena.
El Gobierno está catalogando aquellos programas del Sena como educación superior. Su argumento es que la institución ha elaborado programas educativos conforme a los intereses de gremios, empresas, trabajadores, instituciones educativas, centros de investigación y el Gobierno. La idea es formar a los empleados según lo que se necesita en el mercado.
“De esta manera, la formación profesional para el trabajo se perfila como un mecanismo para aumentar la cobertura de la educación superior como contribución del Sena a la formación de recursos humanos con niveles similares o equivalentes a los ofrecidos por la estructura formal de la educación”, dice el Ministerio de Educación.
Pero algunos critican esa posición argumentando que aquellos programas no tienen la suficiente calidad para catalogarlos como educación superior.
El Sindicato de Trabajadores Públicos del Sena (Sindesena) ha insistido en que decir que esa institución es de educación superior desvía su verdadera misión. Los sindicalistas dicen que cuando el Gobierno habla de la formación del Sena como educación superior, está acudiendo a una estrategia política para incrementar los resultados que muestra.
Según han dicho, este comportamiento se evidencia desde el año 2005, cuando “empezó la desenfrenada carrera por incursionar en la educación superior, que ha incidido insignificantemente en el detrimento de la misión de la entidad”.
En efecto, al mirar las cifras de cobertura del Sena, se nota que en el 2002, había 52.550 personas matriculadas en programas técnicos y tecnológicos. Las cifras fueron disminuyendo cada año, hasta que en el 2004 llegaron a 47.594. Pero desde el año siguiente, el 2005, se dispararon a 97.468 y siguieron ascendiendo año tras año hasta llegar a los 307.060 que el Sena reportó en su balance del 2009.
En un análisis hecho por el sindicato, concluyen que, según las normas que rigen a esta institución, “en el Sena se puede impartir educación superior respetando los ordenamientos legales vigentes y muy especialmente los referentes de calidad”. Pero esa educación no sólo debe estar conectada con lo que necesita el sector productivo, sino que debe tener componentes que les enseñen a los trabajadores sobre ciencia y tecnología, dice el Sindesena.
“El país necesita trabajadores altamente calificados y ello implica que el soldador que hace muy bien la soldadura comprenda las reacciones químicas que se presentan al entrar en contacto un material con el otro y la razón de los gases resultantes; que el campesino productor de cerdos comprenda por qué su camada de 10 cerditos tiene las orejas erectas y dos tienen manchas, mientras que los otros son blancos. No son Rellenos química, física y genética, sino conocimientos de principios y leyes básicas de la química y reglas de transmisión por herencia que le permiten al trabajador comprender su mundo laboral y poder transformarlo”, dice en este discurso.
Finalmente, el sindicato hace una observación en cuanto a que la educación superior que brinde el Sena debe ser complementaria a su función de formar a los trabajadores para que desempeñen mejor sus labores en el sector productivo, pero “no puede cambiar su naturaleza para cumplir las funciones que le competen a otras instancias del Estado o para suplir la necesidad de acceso a la educación superior que demanda el país”.
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